El nuevo código que modificó la normativa rige desde agosto. Críticas a las nuevas responsabilidades y elogios al blanqueo de situaciones de hecho.El hecho reciente de que tres ex ejecutivos de la constructora Weiguan, en Taiwan, hayan sido acusados de homicidio culposo después de que uno de sus edificios colapsara durante un terremoto el pasado 6 de febrero, con un saldo de
39 fallecidos, avivó el interés por conocer cuál es el estado de situación para estos acontecimientos en nuestro país. Como se sabe, desde agosto pasado rige el nuevo Código Civil y Comercial Unificado de la Nación que modificó la normativa al respecto.El abogado Daniel Butlow, especialista en Arquitectura e Ingeniería Legal, que intervino en casos recientes como los
derrumbes fatales
del boliche Beara, en Palermo, y el Gimnasio Orión en Villa Urquiza, ambos ocurridos en 2010, explica que, más allá de estas tragedias, en Buenos Aires “se registran todos los días pequeños desmoronamientos”.Butlow objeta que la nueva normativa haya instaurado de hecho una suerte de
“inversión de la carga de la prueba”, según la cual, ante la eventualidad de un siniestro, todos los que participaron de una obra deben demostrar que no actuaron con negligencia, “como si fuesen culpables hasta que no se demuestre lo contrario”. También critica la
extensión de la responsabilidad
por estos hechos a los desarrolladores, subcontratistas, proyectistas, directores de la obra y otros profesional ligados por contrato al comitente, como así también –un hecho inédito– a sus comercializadores.Según la abogada Laura Cetera, del estudio especializado en temas de la construcción Cetera & Di Giacovo, esto es así porque el código está inspirado en “las tendencias actuales de losderechos
de los consumidores
”, y que por eso tiende a “que no quede nadie a salvo de la demanda”. Agrega que el criterio de esto es la “responsabilidad objetiva”, que se refiere al
daño concreto, en lugar de la “responsabilidad subjetiva”, más centrada en la negligencia o la impericia.También señala que el Código Unificado tiende a
diluir la responsabilidad del Estado, “de modo de no quedar involucrado en juicios entre particulares”.Por su parte, el arquitecto Ricardo Levi, especializado en cuestiones legales y titular del Estudio Ricardo Levi & Asociados – Arquitectura Jurídica, advierte, como un hecho positivo, que la nueva normativa haya servido para
“blanquear situaciones que ya se daban de hecho a través de la jurisprudencia”. Por caso, los plazos reales en que se tramitaban las demandas por“vicios”
de la construcción (problemas inmediatos por ejecuciones deficientes) y
“ruinas”(daños que se manifiestan más tarde y comprometen la solidez de la obra).En este sentido, el Código actual mantiene los diez años de
garantía
para accionar por “ruina”, pero lo redujo de diez a tres por vicios, con lo cual, según Levi, “se adaptó la normativa a la jurisprudencia”, ya que los jueces no suelen admitir que se demore tanto en descubrir un “vicio”. Aclara que la inmensa mayoría de los juicios se refieren a
filtraciones de agua
en obras nuevas. También se blanqueó en un año el plazo de
prescripción
para accionar desde la denuncia de la patología, y el de 60 días de
caducidad
para el reclamo de vicios.Eso sí: sigue quedando a criterio del juez (o de los peritos) establecer qué es vicio y qué es ruina.