vEntre los proyectos votados en la última sesión por la Cámara de Diputados se destacó la iniciativa que dispone la asistencia técnica gratuita de profesionales de la construcción -especialmente empleados del Estado- para el diseño de viviendas sociales destinadas a familias de bajos recursos. “Es un instrumento para asistir a familias de bajos recursos a la hora de construir unidades habitacionales” informó el socialista Eduardo Di Pollina al pedir el voto favorable de sus pares.
La iniciativa -según el autor- cuenta con el apoyo del Colegio de Arquitectos. Di Pollina dijo que esos profesionales así como agrimensores y maestros mayores de obras también formarán parte del programa. “Se pretende facilitar el acceso a la vivienda digna, derecho contemplado en diversos tratados internacionales, en la Constitución nacional y en la santafesina. Se trata de un derecho fundamental, que debe ser reconocido, institucionalizado y protegido por el sistema jurídico de los diversos estados. Es por ello que trabajamos en brindarle al Estado una herramienta que contribuya a garantizarlo”, acotó el socialista.
Para acceder a los beneficios de esta norma, las familias deberán cumplir con dos requisitos básicos: tener propiedad sobre el terreno en el que se realizará la construcción (puede ser propio o de familiar directo); y los ingresos mensuales totales no alcanzar la suma de tres salarios vitales y móviles.
El programa será financiado por el Estado y estará a cargo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo extendiéndose al territorio a través de la gestión con municipios y comunas.
El derecho a la asistencia técnica, pública y gratuita prevista abarca “el trabajo de anteproyecto y proyecto, dirección técnica y ejecución de la obra realizados por profesionales de la arquitectura, el urbanismo, técnicos constructores y la ingeniería necesarios para la construcción, renovación, ampliación o regularización de la vivienda”.
En uno de los artículos fija los objetivos de la asistencia: brindar el asesoramiento adecuado, con respaldo profesional y del Estado, a aquellas familias de bajos recursos para que puedan acceder a una vivienda social; optimizar y mejorar el uso racional del espacio construido y su entorno, así como los recursos humanos, técnicos y económicos empleados en el diseño y construcción de una vivienda social; regularizar y formalizar el proceso de construcción, renovación o ampliación de la vivienda ante las autoridades provinciales, municipales y comunales, como así también ante otros sujetos públicos; preservar el medio ambiente e impedir la ocupación de zonas de riesgo; y, coordinar, promover y calificar las construcciones en sitios urbanos con la legislación urbanística y ambiental.
En los diferentes artículos, el proyecto girado al Senado dispone que las personas interesadas en acceder al programa deberán inscribirse en un registro ante la Dirección de Vivienda. A dicho registro podrán acceder cooperativas, asociaciones civiles o de vecinos.
Se precisa que el asesoramiento será realizado por profesionales universitarios de la construcción que revisten como funcionarios del Estado provincial, municipal, comunal o entes autárquicos de vivienda; profesionales inscriptos en los programas académicos de extensión universitaria de arquitectura, urbanismo, ingeniería y afines, a través de las oficinas respectivas con actividades en el área de planificación urbana; así como profesionales autónomos o miembros de equipos corporativos previamente seleccionados por concurso público y contratados por el Estado provincial, municipal o comunal, garantizando la participación de los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obras a través de la celebración de convenios de colaboración entre el Estado y los entes mencionados.
Por último, el proyecto deja constituida una comisión de evaluación y seguimiento para el cumplimiento de la ley donde estarán dos representantes de la Legislatura, otro del Poder Ejecutivo, representantes de los colegios de Arquitectos; de Profesionales de la Ingeniería Civil; de Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos así como representantes académicos.
Diputados completó la sanción del proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a crear el Polo Tecnológico Regional del Norte Santafesino como asociación civil. La iniciativa es de los senadores Marcón, Sosa y Gramajo y su asiento será la ciudad de Reconquista con dependencias en Vera y Tostado. El objetivo del Polo es “contribuir al desarrollo socioeconómico y progreso tecnológico de la región, fortaleciendo y diversificando el tejido productivo, su competitividad, sus capacidades de innovación, la creación de empleos de calidad y su presencia en los mercados internacionales, promoviendo la creación y radicación de empresas de base tecnológica y realizando actividades de asesoramiento, prestación de servicios tecnológicos, asistencia técnica, formación, investigación y desarrollo”.
A instancias de Cesira Arcando (Cambiemos) Diputados marcó la preocupación de la Cámara y de la comunidad ante la decisión de un juez rosarino de conceder la prisión domiciliaria a Juan Aveiro, un laico consagrado, condenado por abusar sexualmente de tres internos en el cotolengo Don Orione en General Lagos, dpto Rosario. El laico fue autorizado a cumplir la condena en una quinta en la ciudad de Roldán. “Sin querer interferir con el Poder judicial. queremos destacar que estas resoluciones de parte de los jueces, en casos penados, con un delito tan aberrante, como lo es éste, no hace más que generar preocupación para los justiciables”, señaló Arcando.
Fuente: Ellitoral.com