Proponen eliminar el Impuesto a Sellos en los alquileres en la provincia de Santa Fe

El diputado santafesino Rubén Giustiniani impulsa una modificación del Código Fiscal provincial para que los contratos de alquiler queden exentos del pago del Impuesto al Sello, cargo que se imputa a quienes alquilan y representa un importante monto a abonar al iniciar un contrato.
En el marco del debate por una nueva ley de alquileres en la legislatura, Giustiniani, junto a su compañera del bloque Igualdad y Participación Silvia Augsburger, solicitaron la aprobación de su proyecto para eliminar el pago del Impuesto al Sello como parte de la carga impositiva que se paga en los contratos de alquiler de viviendas y, de esta forma, aliviar el bolsillo de los inquilinos.“A los altísimos costos de los alquileres, se le suman comisiones, depósitos en garantía e impuestos. Todas cifras que recaen sobre las personas que alquilan y vuelven el acceso a la vivienda más un lujo que un derecho”, expresó Giustiniani.El impuesto a los Sellos representa el 12 por mil sobre el monto total del contrato, que usualmente es de 24 meses para inmuebles destinados a vivienda. Según indicó el legislador, para un contrato de alquiler de 6.000 pesos mensuales, el impuesto a los Sellos sería de 1.728 pesos y si el contrato es de 7.000 pesos la suma alcanzaría los 2.016 pesos. El objetivo es eliminar esa carga impositiva, implicando una reducción en el costo inicial que el locatario debe abonar cuando firma el contrato.“Esto significa siempre un costo para el inquilino muy importante en un momento en que tiene que pagar otras imposiciones como el mes adelantado de alquiler, comisión inmobiliaria y verificación de las garantías”, amplió Giustiniani.“Las dificultades en el acceso a la vivienda y en particular en torno a los alquileres no es nueva ni ha habido en estos años políticas públicas de impacto que incidan positivamente. Es cada vez más difícil acceder al mercado formal, tanto por los altos costos como por los requisitos exigidos”.Con esta iniciativa, los autores del proyecto apuntan a que el Estado intervenga en un mercado de alquileres que es profundamente injusto e impone numerosos obstáculos para familias y personas que tienen como única alternativa el alquiler para acceder a la vivienda.